Escrito por AgenCYA. 22 de octubre de 2014, miércoles
El botín que se llevó fue de 15 euros y ahora podría tener que pagar 23.217 euros, pues es el dinero que la Fiscalía solicita al tribunal de la Audiencia en Cartagena a quien atracó a una persona en una playa de La Manga, mostrando primero una navaja y después golpeándole en el rostro con vaso.
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El Colegio de Procuradores de Cartagena, cuya decana es Milagrosa González, celebrará el viernes 31 de este mes su acto anual, que servirá para dar la bienvenida a un nuevo procurador y a los dos integrantes que se estrenan en la junta de gobierno, además de entrenar a José Antonio Zamora (en la foto) la distinción por los veinticinco años de servicios en la profesión.


El 6 de mayo de 2010 se produjo la agresión a un árbitro de fútbol en el partido de juveniles entre el Club Deportivo Mediterráneo y el Real Murcia disputado en Urbanización Mediterráneo, en Cartagena. El asunto llegó ayer a la sala de vistas del juzgado de Lo Penal número 2 de Cartagena, donde la Fiscalía y la acusación particular alcanzaron un acuerdo para una sentencia de conformidad con los abogados de las defensas por el que los dos futbolistas son condenados a seis meses de prisión cada uno y a cuatro el aficionado. Se ha solicitado la sustitución de las penas por multas de 1.460 euros para cada uno de los jugadores y por trabajos a beneficio de la comunidad para el espectador. Este asunto tiene otra vía judicial abierta en un juzgado de Primera Instancia para la reclamación de la responsabilidad civil.
"Diego Pérez salió de su domicilio a las 4.45 horas del 11 de marzo, fue trasladado por los agentes a la Cortina, donde estuvo entre las 5.00 y las 5.05 horas, volviendo después a su domicilio". Es una de las conclusiones que el letrado Raúl Pardo-Geijo (en la foto) ha expuesto a la jueza en la petición de libertad provisional para su cliente, uno de los seis policías nacionales detenidos por la violenta muerte del vecino de la barriada Virgen de la Caridad (Cartagena). También considera que no hay pruebas directas, que las grabaciones e interrogatorios a los agentes no los incriminan ("hacer una intervención malísima no significa que seamos delincuentes", dijo uno de los imputados) y, entre otros aspectos, que el testigo se pudo confundir y en vez de "lo llevamos a la guarida" lo que realmente escuchó era: "Lo llevamos a la Cortina". Las defensas también quieren conocer el rastreo del teléfono móvil de la víctima posterior a las seis de la mañana de ese día.



La Agrupación de Torre-Pacheco de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), cuyo presidente es Inocente Cánovas (en la foto), desea felicitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la lucha que están realizando en el municipio de Torre Pacheco contra la economía sumergida, después de que este pasado domingo miembros de la Policía Local, de la Brigada Provincial de Extranjería y de la Inspección de Trabajo llevaron a cabo una actuación en un mercadillo del polígono La Estrella, con un balance de treinta contenedores incautados que contenían más de 5.000 objetos (televisores, pantallas de PC, vajillas, etc.), cuya procedencia no pudieron justificar sus poseedores. Asimismo, se procedió a la detención de al menos ocho personas por estancia ilegal en España.

La vista oral contra cuatro acusados de apropiarse de rejas de una granja de atunes no pudo terminar al faltar un testigo, estableciendo la jueza Teresa Álvarez su reanudación para el 28 de octubre con ese testimonio y las conclusiones de la Fiscalía y de los letrados Fuencilas Martín de Oliva, María del Mar Coquillat, Francisco Paterna y Rafael Sánchez. Los imputados (de los que tres se llaman Juan) se enfrentan de penas de hasta 18 meses de cárcel y el pago de quince mil euros, lo que rechazan las defensas.

El agente José Antonio C.G., a través de su letrado Mariano Bo (en la foto), ha solicitado una prueba de voz y un certificado para demostrar que el 19 de marzo estaba de vacaciones y no pudo ser quien dijo diversas frases, como que tenía una pistola de la Guerra Civil española para "trabajos sucios", recogidas en las investigaciones sobre la muerte de Diego Pérez, asunto por el que hay seis policías nacionales en prisión. Las defensas también solicitan que se efectúe una reconstrucción de los hechos por parte de la Guardia Civil al considerar que ninguno de los tres 'zetas' estuvo detenido esa madrugada el tiempo suficiente para llevar a cabo el crimen.
















































