Escrito por Javier Conesa. Lunes, 25 de febrero de 2013

Los máximos responsables de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local estuvieron presentes en el Resurrexit, el principal acto litúrgico de la Cofradía del Resucitado.
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Ciento veinte euros le costará a una mujer el acoso a que sometió a un hombre en Cartagena con el propósito de iniciar una relación sentimental. El juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena, tras la denuncia del afectado, quien estuvo asesorado por el letrado
Agentes de la Policía Local, tras una persecución por las calles de la localidad, arrestó a dos personas de origen marroquí, con numerosos antecedentes, que se dieron a la fuga en un control y que lanzaron por la ventanilla del vehículo un gorro de lana en cuyo interior se encontraban 61 piezas de huevos culeros, supuestamente de hachís, con un peso de aproximadamente 515 gramos. Esta actuación tuvo lugar en la madrugada del pasado viernes, sobre las 4.20 horas, cuando tres patrullas de la Policía Local, que se encontraban realizando un control de seguridad ciudadana en los accesos al casco urbano de Mazarrón, le dieron el alto al conductor de un turismo que no respeto las señales y se dio a la fuga, por lo que fue perseguido por varias calles hasta que el vehículo fugado detuvo su marcha, bajándose rápidamente del mismo el conductor y el copiloto, que continuaron la huida a pie, siendo alcanzados y detenidos por la Policía.
En diciembre, el tribunal de la Audiencia Provincial suspendió la celebración de un juicio que había comenzado al estimarse que no había garantía en la declaración por video conferencia de los testigos. Al mes siguiente, nuevo intento y nueva suspensión, al no presentarse una testigo protegida. Hoy, tercer intento. La Fiscalía solicita un total de 21 años de cárcel contra los dos vecinos de La Unión acusados de explotar dos garitos, mientras que las defensas solicitan que sean absueltos.
El presidente de la Agrupación Torre Pacheco de COEC (Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena), Inocente Cánovas, a quien se observa en la imagen, mantuvo un encuentro con el capitán jefe y el teniente adjunto de la IV Compañía de la Guardia Civil, ubicada en Torre Pacheco, a quienes trasladó la inquietud del tejido empresarial de la Comarca de Cartagena con motivo del incremento de los robos en el Campo de Cartagena.

Agentes de la Comisaría de Cartagena están llevando a cabo una labor de control en la barriada de San Antonio Abad tras los avisos recibidos por parte de vecinos de que hay sospechas de que grupos de jóvenes pudieran estar consumiendo drogas, según han confirmado a Cartagena de Ley fuentes del gabinete de comunicación de Comisaría. Los policías, según testigos presenciales, se dirigen a esos grupos y llevan a cabo una labor de control para detectar si las sospechas de los vecinos son ciertas.
Manuel Calvo, estibador del puerto y representante sindical, está protagonizando un curioso caso en los juzgados laborales de Cartagena, pues por segunda vez se considera improcedente su despido por parte de Sesticarsa. Ahora, tras ser despedido en mayo del pasado año como uno de los tres trabajadores que encerraron al gerente de la empresa, la titular del juzgado de Lo Social número 3 de Cartagena ha anulado esa medida que adoptó la empresa al estimar de que se llevó a cabo antes de la sentencia del juzgado de Lo Penal fuera firme, lo que no se produjo hasta los últimos días del pasado año cuando la Audiencia Provincial resolvió el recurso. Por tal motivo, Manuel Calvo tendrá que ser readmitido cobrando los salarios pendientes desde mayo de 2012 o indemnizado por despido improcedente.
¿Dónde está la casa azul dónde se pudieron cometer los abusos?, ¿sucedió una o dos veces?, ¿quién sacaba a la niña del instituto si ni su madre ni el acusado reconocen las firmas de los partes de salida?, ¿quién miente?. Son dudas generadas en la celebración de la vista oral contra un ecuatoriano acusado de abusar sexualmente de una menor de su mismo país en una localidad cartagenera. La fiscal pide que sea castigado con doce años de prisión, mientras que la defensa, que llevan de oficio
Una secretaria de un juzgado de San Javier lo pasó realmente mal ayer mañana cuando fue a salir de uno de los aseos de la primera planta y no podía abrir la puerta. Viendo que la situación no se solucionaba, avisó a otros compañeros, que intentaron sin éxito abrirla. El tiempo fue pasando y el agobio (además de la falta de renovación del aire) aumentó para la secretaria, hasta que, pasados unos cuarenta y cinco minutos, el perito José Carlos Juaneda, con la autorización del juez Julio Botella, forzó la puerta con fuerte golpe propio de las artes marciales.


Para hoy está fijado el juicio contra un acusado de agresión sexual. La duda está en saber si el juicio, que es a puerta cerrada al ser la víctima una menor, se celebrará debido a la convocatoria de huelga de jueces y fiscales para el día de hoy. La acusación pública solicita una pena de doce años de cárcel y el pago de 80.000 euros para el agresor, un ecuatoriano en situación irregular en España, mientras que la defensa, que lleva el letrado
La sentencia sección quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, recogiendo la jurisprudencia más reciente sobre guarda y custodia compartida señala que para que este régimen funcione correctamente “debe ser algo que de hecho viniera funcionando anteriormente a la crisis matrimonial” y explica que no se trata de una implicación “necesariamente al 50%”, sino de que exista un alto grado de compromiso con los menores en todas las actividades y decisiones respecto a los mismos. Mantiene los periodos de estancia de los menores con cada progenitor de la sentencia de primera instancia, pero atribuye consecuencias distintas en el uso de la vivienda familiar y la pensión de alimentos a los menores. En la sentencia ha sido ponente el magistrado Miguel Ángel Larrosa Amante (en la foto)















































