Escrito por Agencia AYC
Un hombre ha sido condenado a efectuar un 30 días de trabajos a beneficio de la comunidad y a una orden de alejamiento de 500 metros durante tres años y medio de su pareja por haberla insultado y empujado durante una discusión que tuvo lugar en una barriada de los extramuros de la ciudad.










La sala de Lo Social número 1 de Cartagena acogió la vista por la denuncia de una trabajadora contra la Organización Impulsora del Discapacitado (OID), a la que acusa de no haberla tenido dada de alta. La empresa rechaza esas acusaciones y responsabiliza de la situación a la Seguridad Social.
El juzgado de instrucción número 5 de Cartagena ha comunicado hoy a los Servicios Jurídicos municipales el auto de sobreseimiento y archivo provisional de la causa abierta a instancias del arqueólogo Javier García del Toro contra el Ayuntamiento, por un presunto delito contra el patrimonio al autorizar la realización de unas obras en la calle Muralla de Tierra. En su auto el juez fundamenta que no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, por lo que procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones.
La Sala de Lo Contecioso-Administrativo del Tribunal Superior de la Región de Murcia ha desestimado las alegaciones presentadas por el Abogado del Estado y ratifica la ejecución de la sentencia por la que se obliga a derribar la balaustrada de la Muralla del Mar, según ha podido conocer 'www.cartagenadeley.com'. Esta causa se inició en 1999 por un pleito entablado por Asociación de Amigos de Fortalezas y Castillos de Cartagena (Aforca) y Asociación Cultural Emma Egea frente al ayuntamiento de Cartagena, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Administración del Estado.
¿Era un derecho o una obligación? La pregunta será la que tendrá que resolver el magistrado de Lo Social número 1 de Cartagena, Carlos Contreras, tras la celebración esta mañana de la vista originada a raíz de una demanda de los trabajadores sobre el derecho que consideran que el convenio colectivo les concede para repetir turnos de trabajos y que incumple la empresa. Sesticarsa, por su parte, se opone totalmente y alega que esos segundos turnos son una obligación de los trabajadores pero sólo cuando los reclama la empresa.
El juez de Lo Penal número 2 de Cartagena, Álvaro Bellas, ha condenado a penas de nueve meses de prisión a los dos miembros de una pareja por saltarse una orden de alejamiento. El hombre ha sido condenado como autor mientras que la mujer lo ha sido por colaboradora necesaria. Los abogados de ambos, Juan León y María Isabel Martínez, han anunciado que recurrirán la condena. En lo que respecta a la acusación de malos tratos, el marido ha sido absuelto por falta de pruebas.
La Fiscalía solicita penas de seis años de cárcel para cada uno de los tres acusados de explotar un punto de venta de droga en La Palma y que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional en octubre de 2006, tras comprobar en las fechas precedentes que varios ciudadanos habían adquirido drogas en ese inmueble. El juicio se celebra este miércoles en la sección quinta de la Audiencia Provincial, en Cartagena.
¡Por fin! El denominado 'juicio imposible', que ha acumulado una interminable relación de intentos para su celebración desde hace una docena de años, se ha conseguido celebrar en la Audiencia Provincial, aunque con una situación muy diferente al origen del proceso judicial. De los cinco acusados quedan tres, pues uno falleció y el otro está enfermo grave, y las penas solicitadas por la Fiscalía han pasado de un total de 16 años a tres de medio año de cárcel al aplicarse las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas en el proceso. De esos tres imputados, dos confesaron para aceptar el medio año de cárcel mientras que el tercero sigue firme en que no tuvo nada que ver con esa estafa.
Joaquín Dólera, uno de los rostros más conocidos de la política regional por los cargos de diputado regional y portavoz de Izquierda Unida en la Asamblea Regional en dos legislaturas, además de coordinador general de Izquierda Unida de la Región de Murcia, ha estado esta mañana en el Palacio de Justicia de Cartagena desarrollando su faceta profesional de abogado laboralista en una vista en la que ha defendido los intereses de dos trabajadores de San Pedro del Pinatar para que la entidad que ha absorbido a su empresa les mantenga sus derechos históricos.
Un hombre de origen magrebí y en situación ilegal en España deberá cumplir penas que suman seis años de cárcel en el centro penitenciario de Sangonera y no será devuelto a su país por decisión del juez de Lo Penal número 2 de Cartagena, Álvaro Bellas, que respaldaron el fiscal y la acusación particular, que llevó José Javier Conesa. A esta persona se le imputan varios robos con violencia llevados a cabo en Los Narejos.
La Audiencia Provincial ha fijado para hoy y el miércoles las dos sesiones de un juicio por estafa que lleva doce años de intentos inútiles. Los motivos de las supensiones han sido muy variados, desde ausencia de testigos importantes, sesiones de quimioterapia de un inculpado y su posterior estado terminal, errores de forma y en la citación, etc. Los últimos intentos de celebración se fechan en 30 de octubre de 2006, 17 de octubre de 2007, 30 de enero de 2008, 27 de mayo de 2009 y el pasado 2 de noviembre, cuando no acudió un acusado que reside en Valencia. Hay cuatro personas acusadas de estafar a diversos empresarios con el denominado timo del nazareno'.
El presidente de la Asociación de Propietarios en Defensa de las Viviendas de la Barriada Santiago, Juan Redondo Blaya, se ratificó hace unos días en el juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena de la denuncia que presentó en el último trimestre del pasado año por los daños que están sufriendo tres montes de Lo Campano: Cantos Negros, Pico Collado y Monte de la Chimenea. Los vecinos denunciaron ante los tribunales y ahora el juzgado está en el proceso de diligencias previas de proceso abreviado.
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Caridad Rives, critica que el ayuntamiento de Cartagena sólo haya ofrecido 15 plazas en el convenio con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para el desarrollo de trabajos en beneficio de la comunidad. “Parece un número de plazas ridículo, sobre todo si lo comparamos con municipios de menor población que si están aprovechando esta oportunidad como Molina de Segura, que ha ofrecido 142 plazas, y San Pedro del Pinatar, con 72”, afirma. Los trabajos en beneficio de la comunidad es una condena judicial que está reflejada en el artículo 33 del Código Penal para las penas leves, pudiendo tener una duración de entre un día y un año.
El concejal socialista Manuel Torres, a través de su abogado, ha presentado recurso en la Audiencia Provincial contra la sentencia emitida por el juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena, que acordó condenar a uno de los acusados, absolver a otros dos y al medio informativo donde se volcaron los comentarios y considerar que habían prescrito otras dos denuncias. El recurso presentado afecta a uno de los casos prescritos y a la absolución del medio digital como responsable civil.
Componentes de la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Cartagena (Adepa) han repartido, entre los asistentes a la concentración de esta ante el Monte Sacro, un comunicado en el que desvelan que presentaron alegaciones en 2004 contra el proyecto urbanístico ante el TSJ, que está pendiente de resolver.
Los vecinos de la zona de la Muralla y los ciudadanos que se han sumado a la concentración contra las obras del Monte Sacro han reclamado a la Justicia que paralice los trabajos en esa zona. La concentración ha concluido con una gran cadena de 92 metros de longitud con los manifestantes cogidos de las manos. La intención de los vecinos de efectuar una 'donación de sangre protesta' y la presencia policial para evitar que accedan al lugar donde están las máquinas han sido otros apuntes de la protesta llevada a cabo esta tarde y que concluyó a las cinco y media.
El portavoz del equipo de gobierno, Joaquín Segado, ha informado del acuerdo hoy en junta de gobierno para enviar a la Fiscalía y al Juzgado el expediente completo de la Muralla de Tierra, que incluye la urbanización de la zona del Monte Sacro, para que se verifique la legalidad absoluta del proceso, tal y como hemos venido defendiendo, máxime teniendo en cuenta que la oposición que hoy se pone tras la pancarta, es la misma que en su día votó a favor de este expediente.
Agentes de la Policía Local de Cartagena detuvieron ayer a cuatro individuos cuando trataban de desmantelar la instalación eléctrica y las vigas de hierro de una antigua nave de una empresa de construcción en el paraje Los Conesas, en la diputación de La Palma. Los hechos se registraron sobre doce del mediodía, al recibirse un aviso telefónico en la central, señalando que unos individuos estaban robando en un huerto de naranjas, situado junto a la nave.
















































