Escrito por Carlos Illán - AgenCYA. 29 de enero de 2015, jueves
El juzgado de Lo Penal número 2 de Cartagena acoge este viernes la vista oral contra un grupo de cuatro nativos de Georgia y un italiano acusados de integrar una banda que llevó a cabo diversos robos en viviendas del entorno del Palacio de Justicia de Cartagena. La Fiscalía pide penas que suman más de treinta años de prisión, mientras que las defensas, que llevan los letrados César Delicado y Manuel Maza, solicitan la absolución.
Leer más: Juzgan a los acusados de robar en unas trece viviendas del entorno de los juzgados










Es adicto a las drogas y a los robos, lo que parece estar muy relacionado, pues para consumir optó por recurrir a las propiedades ajenas. En pocos años, Brahim Faraji había acumulado tres condenas por robos con fuerza (penas de casi seis años de cárcel) y una por hurto, acciones que llevaba a cabo aprovechando que los antecedentes tardan un tiempo en figurar en el registro central de penados. Ayer llegó a la sala de vistas de la Audiencia procedente de la cárcel para recibir otro castigo de encierro, esta vez de dos años y medio.
La Benemérita ha recuperado en Cartagena 14 de los palomos sustraídos, los cuales estaban siendo entrenados para competir y están valorados en unos diez mil euros. Hasta el momento se ha detenido a una persona acusada de un delito de robo con fuerza, que ha sido puesta a disposición del juzgado. Se encubría con el cambio de las anillas identificativas la sustracción de las aves, las cales estaban siendo entrenadas para participar en campeonatos deportivos.

La sala de vistas del juzgado de Lo Social número 1 de Cartagena acogió la demanda de unas dos mil quinientos jubilados de Bazán y viudas de trabajadores que reclaman el bono de 78 euros que la empresa daba por Navidad hasta que lo suprimió en el convenio de 2014 y que no abonó en 2013. El juicio tuvo la anécdota de junta dos candidatos de Izquierda Unida para las próximas elecciones del 24 de mayo: José Luis Romero, aspirante a la Alcaldía de Cartagena, quien estuvo como testigo, y Luis Martínez Vela, candidato en los comicios autonómicos, que es el abogado de los demandantes.


Pilar Barreiro ha sido tajante hoy al afirmar que, ante el nuevo paso del proceso judicial sobre Novo Carthago, que no tiene previsto dejar el cago que ocupa antes de concluir su quinta legislatura, subrayando que su actuación en este asunto, al igual que la de los técnicos y del Ayuntamiento, ha tenido un pleno “rigor legal”. Durante el Pleno, el vicealcalde, José Cabezos, ha expuesto la actuación del Ayuntamiento en este asunto, en el que actuaron “a partir de un informe favorable medioambiental de la Comunidad Autónoma”, para después mostrar el pleno respaldo a la alcaldesa, “el juez y la justicia nos dará la razón”.


Izquierda Unida-Verdes y Socialistas Por Cartagena, tras conocer que el Supremo llevará la investigación sobre si la alcaldesa de Cartagena cometió o no un delito de prevaricación en el caso Novo Carthago, consideran que existen más que indicios y piden que el PP provoque su inmediata marcha de la Alcaldía. Por su parte, Movimiento Ciudadano espera que Barreiro se defienda de las acusaciones “renunciando al cargo para no marchar la imagen de la ciudad” y el PSOE pide al PP que actúe de forma contundente "por el buen nombre de Cartagena". También se ha pronunciado la Asociación de Naturalistas del Sureste, que pide a la Comunidad Autónoma la anulación del proyecto Novo Carthago.
La Guardia Civil de la Región de Murcia arrestó a un vecino de La Unión por circular a 125 kilómetros por hora en una vía del pueblo de Santa Ana (Cartagena), que está limitada a 50 km/h.
La Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo se declara competente para la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento de la diputada y alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, respecto al denominado ‘caso Novo Carthago’. El autor refleja que esta investigación “es escindible del resto de la instrucción que se sigue en el TSJRM, pues existen dos ámbitos de investigación diferenciados, el relativo a las modificaciones legislativas autonómicas y el relativo a la supuesta actuación por parte de la alcaldesa de liderar una modificación parcial el Plan de Urbanismo de Cartagena para establecer una recalificación de suelos no urbanizables”. El magistrado José Soriano ha sido nombrado instructor del caso.
















































