Escrito por Ministerio de Justicia. Jueves, 19 de julio de 2012
Los delitos que se consideren especialmente graves serán castigados con hasta seis años de cárcel y agravará el castigo la proximidad a lugares habitados y la destrucción del hábitat de animales en peligro de extinción y de flora amenazada. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado que la reforma del Código Penal que prepara el Gobierno incluirá un endurecimiento de las penas a las que se enfrentarán los autores de incendios forestales que se consideren especialmente graves. La pena prevista actualmente para estos delitos es de tres a cinco años de cárcel y, con la reforma, la pena se elevará hasta los seis. Además, cuando los incendios afecten a espacios naturales protegidos se castigarán del mismo modo que los delitos contra el medioambiente, lo que significa que sus autores podrán ser castigados con la pena superior en grado, que en este caso supone nueve años de prisión.
La titular del juzgado de Familia de Cartagena (Primera Instancia número 6), Natalia Martínez Herrero, ha fijado un régimen de visitas para que unos abuelos puedan ver a su nieta, de corta edad, tras estimar la demanda que presentó el abogado Sergio Gómez cuando, según expusieron los abuelos, cada vez tenía más problemas para poder estar con la menor.
Un gimansio trató de esquivar la condena que le había impuesto el juez Miguel Rivera, titular de Primera Instancia e Instrucción número 6 de San Javier, por un accidente que sufrió una usuaria al utilizar una bicicleta de spinning a la que le faltaba la correa de sujeción del pie en uno de sus pedales.
La acusada, vecina de Torre-Pacheco en situación irregular en España, simuló haber estado retenida por en una vivienda de Jerónimo y Avileses y dijo que rompió la puerta con un hacha para escapar. Había pedido al hombre (con quien mantenía relaciones ocasionales) que le pegara para denunciar malos tratos y, ante su negativa, decidió autolesionarse, llegando a golpearse con un palo en la cabeza. Una minuciosa inspección ocular técnico policial en el lugar de los hechos llevó a los agentes a observar detalles que contradecían lo manifestado por ella.
Sorpresa, enfado, protesta, impotencia, denuncia y reclamación. Es la secuencia de las fases por las que ha pasado un vecino de Cartagena cuando ha visto que están efectuando pagos con su tarjeta de crédito, la cual, asegura, sólo ha utilizado una vez, en concreto, hace seis meses. Ha denunciado el asunto en la Comisaría de Cartagena y ha reclamado el dinero a Cajamar, donde le aseguraron que no podían bloquear la cuenta de otros cobros que figuraban pendientes de cargar.
El letrado Mariano Bo cumplió treinta y nueve años saliendo con la Virgen del Carmen en la procesión terrestre-marítima de Los Urrutias, donde lleva a cabo la labor de capataz, como se observa en la imagen, en la que el abogado está delante de la peana.
El abogado Fulgencio Angosto ha recurrido, ante la Audiencia Provincial, la sentencia del juzgado de Lo Penal número 1 de Cartagena que condenó a tres sindicalistas de La Coordinadora de Trabajadores del Puerto por la retención ilegal el 9 de octubre de 2006 del entonces gerente de la Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto (Sesticarsa), Alfredo Fresneda. El recurso expone que no hubo encierro y que, caso de haberse producido, los responsables no fueron los tres imputados: Julián Cabello, Manuel Calvo y Damián Reyes.
El delegado del Gobienro en Murcia, Joaquín Bascuñana, ha presentado hoy, junto al teniente de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (Guardia Civil), José Ángel Millán (dcha.) y el jefe del Servicio de Atención a la Mujer (SAM) del Cuerpo Nacional de Policía, Javier Baturone, el balance del primer semestre de Violencia de Género, donde destaca que en los seis primeros meses del año, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ha recibido un total de 1.385 denuncias, lo que supone un 7,36% menos respecto al mismo periodo de 2011. Destaca que la mayoría de víctimas son españolas y entre los agresores, los ex (36,14%) superan entre los agresores a los compañeros sentimentales (31,5%) y cónyuges (26,68%). La mayor variación se sitúa en víctimas menores de 18 años, que se ha pasado del 0,4% al 1,45%.
