La banda desarticulada por los agentes de la Guardia Civil de San Javier intervino en unos quince atracos a naves y almacenes de la comarca del Mar Menor, en los que sobresalía la violencia de sus acciones y el uso de armas, según ha desvelado la Delegación del Gobierno respecto a la operación 'Gorriones'. Las informaciones sobre el arresto de los componentes y el auto de libertad con cargos emitido por el juzgado de San Javier han sido publicadas en este diario puntualmente esta semana. Ocho imputados son residentes en San Javier, dos están domiciliados en San Pedro del Pinatar y uno es de Pilar de la Horadada.
Escrito por Agencia AYC
"¡Quiero mi divorcio ya!". Rafael Martínez Gutiérrez lanzó ese grito varias veces dentro de los juzgados de San Javier y sólo cesó en su protesta cuando fue invitado a abandonar el inmueble. Este hombre se divorció en Marruecos y lleva meses intentando que esa disolución sea reconocida en España, pero falta que se persone la ex pareja. Mientras toda esta historia se desarrolla, Rafael volvió a contraer matrimonio en tierras marroquís hace cuatro meses y su ex esposa ha hecho lo mismo hace escasas semanas.
La jueza Sabina Alcaraz, titular de Primera Instancia e Instrucción número 4 de San Javier, ha decretado la libertad con cargos para ocho personas acusadas de pertenecer a una banda que cometió violentos atracos en naves industriales y almacenes. Los acusados fueron detenidos por agentes de la Policía Judicial adscritos al cuartel de la Guardia Civil de San Javier.
Severiano Moral ha conseguido que se le declare la Incapacidad Permanente Absoluta por parte del juzgado de Lo Social número 2 de Cartagena después de que la Seguridad Social se la hubiese rechazado pese a sufrir un agravamiento de sus dolencias. El hombre no se conformó y decidió seguir adelante, con el asesoramiento de la letrada Mercedes García-Ortega, por la vía judicial. "Mi salud se había agravado tanto que yo ya no era el mismo", indicó Severiano a este diario.
El juez, con el visto bueno de la Fiscalía, ha ordenado la salida de prisión en libertad provisional y sin el pago de fianza alguna de tres de las cuatro mujeres que fueron detenidas en enero como supuestas autoras de explotar un garito en Lo Campano. En la cárcel queda María G. G., apodada 'Pachona', que es la principal inculpada.
Las denuncias que se presentan por parte de aquellas personas que se sienten injuriadas o insultadas en Internet son consideradas faltas, por lo que la Ley establece que prescriben a los seis meses. En el caso de Internet, ese tiempo para el proceso judicial y la investigación de la Policía Nacional es muy escaso y el riesgo de prescripción muy elevado.
Dos sospechosos de traficar con estupefacientes han sido sorprendidos por agentes de la Policía Local de Los Alcázares, que han procedido a sus arresto, identificación y traslado a las dependencias de la Guardia Civil de la localidad costero. Los detenidos portaban bolsitas que contenía diversas cantidades de cocaína y que, posiblemente, estaban destinadas a la venta, además de tres teléfonos móviles y botes de spray, entre otros objetivos. También llevaban en su poder unos doscientos euros, cantidad que les ha sido incautada ante la posibilidad de que procedan de la venta de droga.
La magistrada-juez Teresa Clavo, titular del juzgado de Lo Social número 2 de Cartagena, ha revocado la sanción de treinta días de suspensión de empleo y sueldo que Sesticarsa aplicó a un trabajador del puerto al considerar que fue responsable de unos daños ocasionados en una operación de descarga de contenedores que se elevaron a 23.727 euros.
¿Le pinchó una trabajadora a su compañera con un cuchillo en el dedo? La respuesta a esa pregunta es la que se trata de resolver en el juzgado de Lo Penal número 2 de Cartagena, donde el juicio no pudo concluir y se reanudará el próximo 25 de febrero. Los supuestos hechos se remontan al año 2005 en una nave de Torre-Pacheco en la que ambas trabajaban en la manipulación de productos agrícolas.
Una persona ha sido condenada por injurias al concejal socialista Manuel Torres con el pago de 90 euros de multa y las costas, más una indemnización de 30 euros al edil por los daños morales ocasionados. Otras dos personas que fueron acusadas han quedado absueltas por el juez de Instrucción número 4 de Cartagena, mientras que las restantes dos denuncias han sido archivadas al considerar el magistrado Javier de la Torre que habían prescrito. También ha quedado absuelto de la responsabilidad civil el medio de información digital en cuyo foro se volcaron los comentarios.
La sede del Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena acoge esta noche, en su sede de la calle Reina Victoria, la primera reunión del nuevo equipo de gobierno capitaneado por José Muelas, quien tomó posesión del cargo el pasado 29 de enero y que a partir de esta noche comenzará a dar forma a los proyectos que tiene para su nueva etapa. La junta de esta noche debe servir para definir las estrategias futuras y la forma de trabajar, además de señalar las preferencias en los objetivos.
Las paredes de varias plantas del Palacio de Justicia de Cartagena tienen en las últimas fechas carteles colocados por Comisiones Obreras (CC OO) en la que se reflejan las peticiones de los funcionarios en la mesa de negociación para la implantación de la nueva Oficina Judicial tanto en los capítulos de retribuciones, carga de trabajo y de movilidad de puestos de trabajo, entre otros. "La reforma debe llevarse a cabo sin que los funcionarios pierdan sus derechos y contando con nuestra opinión", apunta la secretaria generald el sector de Justicia de CC OO, Trudi Peñalver.
El salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena acogerá este viernes un curso sobre las novedades de la nueva Ley de desahucio, exclusivo para letrados colegiados y alumnos de la Escuela de Prácticas Jurídicas. La clase será impartida por Antonio José Navarro Selfa, abogado en ejercicio, profesor de arrendamientos urbanos y propiedad horizontal de la Escuela de Prácticas Jurídicas y que fue abogado de la desaparecida Cámara de la Propiedad Urbana de Cartagena. Entre las novedades están "la posibilidad de que los propietarios de las viviendas en alquiler puedan reclamarlas para sus hijos" y el 'desahucio express'.
El juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena ha condenado por sendas faltas de coacciones a multas individuales de 120 euros de multa a dos trabajadores de la empresa Cobrador del frac, que se presentaron en el establecimiento de un hombre para reclamarle una deuda de una empresa en la que participa su hijo y amenazarle. Este comerciante pagó parte de la deuda, pero denunció el caso en el juzgado y buscó el asesoramiento legal del letrado Emilio Cerezuela.
